El Gobierno argentino, en un giro significativo de su política fiscal, planea incrementar las retenciones a las exportaciones de soja y maíz, mientras extiende los beneficios para el trigo y la cebada. Esta medida, que se espera que propicie una reestructuración en el sector agropecuario, fue confirmada por fuentes del Ministerio de Agricultura durante la última semana de enero de 2025. Los cambios se implementarán en un contexto marcado por una creciente presión fiscal sobre los productores agropecuarios y la necesidad de aumentar los ingresos tributarios del Estado.
Las retenciones a la soja y el maíz, que actualmente se encuentran en 33% y 30% respectivamente, podrían aumentar significativamente, generando preocupación entre los agricultores y las entidades que los representan. En contraposición, el trigo y la cebada experimentarían un alivio temporal con beneficios fiscales que buscan estimular la producción de estos cultivos en un mercado marcado por la volatilidad. La extensión de este régimen de beneficios ha sido celebrada por algunos sectores, que ven en ello una oportunidad para mejorar la competitividad en el mercado interno y externo.
Este cambio en las políticas de retenciones se produce en un contexto donde el sector agropecuario ha manifestado su descontento ante el creciente impuesto a la exportación, considerando que esta carga adicional afectará su rentabilidad y capacidad de inversión. Se prevé que la medida desencadene una caída en las ventas, impactando en los precios de los productos agrícolas, que ya están bajo presión. Los analistas del mercado afirman que, si bien hay un intento de equilibrar el ingreso fiscal, las consecuencias económicas para los productores pueden ser severas.
En términos históricos, el sector agropecuario argentino ha lidiado con fluctuaciones en políticas fiscales, siendo las retenciones una constante desde 2002. Los productores sostienen que estas medidas podrían llevar a una comparativa con años anteriores, donde un aumento en las retenciones resultó en una desaceleración del crecimiento agrícola e incluso en una disminución de la oferta alimentaria. En 2023, por ejemplo, las retenciones también habían aumentado, resultando en una caída de la producción de soja que alcanzó el 16% respecto al año anterior.
Además, el clima de incertidumbre en los cultivos debido a las condiciones climáticas adversas y la inestabilidad económica ya afectaban la confianza de los productores. La situación se vuelve más delicada ante un escenario inflacionario y un tipo de cambio poco favorable, que desgastan aún más la capacidad de los productores para llevar a cabo sus actividades.
En consecuencia, la respuesta del campo a estas medidas se anticipa proactiva, con múltiples reclamos que van desde la revisión de las políticas fiscales hasta la promoción de un diálogo más fluido entre el Gobierno y los sectores productivos. Esta tensión subyacente que se experimenta en el campo es consecuencia de una política que, si bien pretende generar ingresos para el Estado, podría terminar por desalentar a los agricultores de invertir en sus cultivos.
Diferentes sectores políticos y sociales ya han comenzado a manifestarse al respecto, incitando a la administración de turno a reconsiderar sus posturas y buscar un consenso que permita equilibrar el desarrollo económico con las necesidades del campo argentino. Con el futuro económico del país atado a la producción agrícola, los próximos pasos del gobierno serán cruciales para determinar la viabilidad a largo plazo de este sector fundamental.