La administración de Javier Milei ha evidenciado un impacto económico significativo en el tejido empresarial argentino, que se refleja en los números de empresas cerradas mensualmente. Según los datos oficiales recopilados hasta marzo de 2025, 859 compañías han cesado sus operaciones bajo su gobierno. En comparación, durante el mandato de Mauricio Macri, se registraron cierres de 492 empresas al mes. Estas cifras plantean un panorama preocupante para la economía y generan un intenso debate en torno a las políticas económicas aplicadas en el país.
La situación se ha agravado en medio de un contexto general de crisis económica donde el ajuste fiscal ha sido uno de los pilares del actual presupuesto. Las cámaras empresarias, que tradicionalmente han mostrado una postura de apoyo a las reformas económicas, ahora se encuentran divididas frente a la magnitud de estos cierres. Este desencanto dentro del sector privado podría derivarse del impacto directo de las medidas que, aunque buscan reestructurar la economía, han resultado excesivas para muchas pequeñas y medianas empresas (PYMEs).
Al desglosar las cifras, se observa que los sectores más afectados son aquellos que dependen del consumo interno, como el comercio minorista y los servicios. Esto deja en evidencia no solo la fragilidad de la economía argentina, sino también las tensiones sociales que surgen cuando el empresariado se ve obligado a optar por cerrar sus puertas. En este sentido, los analistas económicos advierten que un aumento significativo en los cierres de empresas puede traducirse en una escalada del desempleo y mayor pobreza.
La comparación entre los gobiernos de Macri y Milei no solo es numérica, sino también contextual. Durante el mandato de Macri, si bien se vivieron cierres empresariales, muchos sectores aún mantenían esperanzas en la recuperación económica a través de un enfoque gradual. Por el contrario, las estrategias liberales de Milei parecen ser más abruptas y severas, lo que sacrifica la estabilidad de las empresas en pos de un ajuste inmediato.
Mientras esto ocurre, la incertidumbre se apodera de los comerciantes y emprendedores que, a medida que las alarmas se encienden, deben tomar decisiones difícilmente reversibles. La falta de confianza en el futuro económico se traduce en una reticencia a invertir, lo cual es un factor crucial para la recuperación. En este escenario, el ciclo vicioso parece inevitable: menos inversión provoca menos empleo, y menos empleo genera menor consumo.
Es importante resaltar que históricamente, los periodos de ajustes severos han dado lugar a protestas y movilizaciones sociales en Argentina. Si la situación no mejora, es probable que los ciudadanos salgan a expresar su descontento, lo que, a su vez, podría complicar aún más la gestión del actual gobierno. Este tipo de tensiones podría influir en la recuperación económica a largo plazo, poniendo en riesgo no solo el bienestar de las empresas, sino también la estabilidad política.
Al mirar a futuro, se plantea la crítica necesidad de redefinir estrategias que contemple un equilibrio entre el ajuste y el desarrollo sostenible. La experiencia de otros países que han pasado por crisis similares sugiere que las medidas de austeridad deben evitar perjudicar el motor del empleo y la producción. En este sentido, el desafío radica en encontrar un enfoque que favorezca tanto la estabilidad fiscal como la reactivación del sector productivo.
Mientras tanto, el debate sigue centrado no solo en las medidas a seguir, sino también en el modelo económico que se desea para Argentina en los próximos años. La polarización de opiniones entre distintas fracciones del empresariado puede ser un indicador de la magnitud de la crisis, y cómo las decisiones del gobierno afectan de manera diferenciada a las empresas según su tamaño y sector. En este complejo entrelazado de variables, los caminos a seguir seguirán siendo objeto de intenso escrutinio en el ámbito político y económico.