En Corrientes, los jubilados y pensionados que dependen del Instituto de Previsión Social (IPS) perciben un haber mínimo de aproximadamente 480.000 pesos, es decir, unos 100.000 pesos más que los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida alcanza a más de 36.700 personas y es resultado de la política salarial definida por el Ministerio de Hacienda y Finanzas y la decisión del gobernador Gustavo Valdés de mantener la caja previsional bajo control provincial. El último ajuste se concretó en agosto de 2025, en el marco de un proceso de recomposiciones iniciado en años anteriores.
El IPS informó que solo el 11% de sus beneficiarios percibe el haber mínimo, lo que equivale a poco más de 3.900 personas. La mayoría de los jubilados y pensionados provinciales recibe un ingreso superior, ya que sus haberes se actualizan de manera automática con los aumentos otorgados a los trabajadores activos de la administración pública correntina.
El contraste con el sistema nacional es significativo. Mientras la ANSES fija el haber mínimo en torno a los 380.000 pesos, Corrientes garantiza un piso más alto, lo que refuerza el peso relativo de los ingresos provinciales en la economía local.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, destacó que la estrategia salarial provincial también redujo la litigiosidad contra el IPS. Según explicó, los beneficiarios no necesitan recurrir a la justicia para reclamar actualizaciones, ya que estas se trasladan automáticamente a los pasivos.
La inversión anual en salarios alcanzó los 66.000 millones de pesos en agosto de 2025. El esquema incluye incrementos de alcance general y particular, con aplicación inmediata tanto para activos como para jubilados y pensionados.
Desde 2023, el Gobierno provincial otorgó 15 aumentos salariales. Durante este año se aplicaron en marzo, julio y agosto; en 2024, en seis oportunidades; y en 2023, en otras seis. Este ritmo de recomposiciones consolidó una política de actualizaciones periódicas que impacta de manera directa en el sistema previsional.
Un aspecto central es la decisión de Corrientes de no transferir su caja previsional a la ANSES. Aunque desde hace dos años no recibe los fondos de compensación correspondientes por parte del organismo nacional, la provincia sostiene los pagos gracias a su administración fiscal.
Rivas Piasentini subrayó que la provincia mantiene superávit fiscal, lo que otorga previsibilidad y capacidad para sostener las mejoras en el tiempo. Según el funcionario, la solidez de las cuentas públicas permite absorber los costos de los incrementos sin comprometer la sustentabilidad del sistema.
El contraste entre el haber mínimo del IPS y el de la ANSES reabre un debate histórico en la Argentina sobre la autonomía de las cajas previsionales provinciales. En la práctica, la decisión de Corrientes refleja un modelo diferenciado que prioriza la actualización automática ligada a los salarios activos, mientras el esquema nacional depende de políticas más centralizadas y sujetas a recursos federales.
Este escenario genera un impacto económico y social en la provincia, donde los ingresos de jubilados y pensionados representan una parte significativa del consumo local. También plantea un antecedente para otras jurisdicciones que aún conservan cajas previsionales propias y buscan mecanismos de financiamiento sostenibles.